Si aspiramos a que nuestro sistema sanitario público, en el primer cuarto del nuevo siglo, garantice la igualdad de resultados en salud sin discriminación de  sexo ni de género, su organización y oferta de servicios deben asentarse en la comprensión y la respuesta de  la sociedad, los políticos y los profesionales de la salud a las diferencias biológicas y sociales entre hombres y mujeres, y, de manera destacada, al entendimiento desprovisto de sesgos del  efecto de la asunción de unos roles sociales determinados por el sexo desfavorables para las mujeres en términos de  salud y en términos de equidad efectiva de acceso y utilización de las prestaciones sanitarias en función de las necesidades especificas de hombres y mujeres¹².

En Sanidad el análisis de género de la política sanitaria y de sus constantes propuestas de reforma proporciona  formas pragmáticas de  conocimiento y comprensión de las diferencias en el riesgo y la exposición así como las respuestas sociales y culturales  distintas a la educación sanitaria, la  prevención y la vivencia de la enfermedad en hombres y mujeres¹³.

La incapacidad  de llevar a cabo una  modernización organizativa conmensurable con  el nivel de los conocimientos científicos alcanzados, la  buena practica profesional y la mejor cultura de gestión al alcance, supone también un motivo de limitación del acceso de las mujeres a una atención de calidad y más acorde con sus necesidades, como se ha puesto de manifiesto en diversos países de nuestra área en relación con la modificación del potencial de mortalidad oncológica femenina,  a partir de una mejor integración de niveles, tecnología y competencias profesionales y la drástica reducción de tiempos de espera y acceso a tratamientos especializados¹⁴.

Paralelamente, en áreas no especializadas en problemas de salud asociados biológicamente a las mujeres – es decir cuando ambos sexos comparten los mismos problemas de salud-  se pueden producir situaciones de acceso sesgadas desfavorablemente para las mujeres.

No hay que olvidar, además,  que la expresión  “techo de cristal” sigue siendo una manera de referirse al conjunto más o menos sutil pero poderoso de barreras de acceso de las mujeres a altos cargos y en las posiciones clave de los procesos de decisión. Es especialmente llamativo que  en el ámbito de la sanidad donde las mujeres son una indiscutible  mayoría  en términos absolutos – 75% de los trabajadores de la sanidad según Lesley Doyal¹⁵y  de la composición  por sexos  en todos los niveles de la estructura asistencial, ven restringida su participación  –sistemáticamente minoritaria y subordinada -, e influencia en los órganos estratégicos de dirección y gestión del sistema sanitario  y  de  desarrollo en los órganos de gobierno de las profesiones de la salud.

En este capítulo se presta atención a las predicciones y preferencias de los panelistas acerca de posibles  cambios en la sensibilidad y capacidad de respuesta del sistema sanitario  público a  situaciones de discriminación e inequidad del tipo comentado, tal como se perciben en nuestro país. Los resultados en el presente capítulo se estructuran en 4 apartados:

• Determinantes de la salud: referido a las respuestas sobre la  valoración prospectiva  de ciertos condicionantes de  la salud que se supone que  afectarán al colectivo de mujeres en los próximos 15 años.
• Configuración de los servicios sanitarios: reuniendo las manifestaciones de posicionamiento respecto a  problemas de acceso e insuficiencias de  atención  del sistema sanitario a necesidades especificas de salud de las mujeres.
• Las profesionales sanitarias y su papel en la redefinición de los servicios de salud: abordando la desigual visibilidad y poder de decisión de la mujer en las instancias clave  de decisión de las  instituciones sanitarias y las profesiones de la salud.
• Capacitación (“empowerment”) de las pacientes: estableciendo la deseabilidad  y la creencia de los consultados en  la ocurrencia de que las mujeres asuman  cotas mayores y  significativas de poder con relación a las decisiones clínicas que les afectan y a las decisiones sobre la configuración organizativa   del sistema sanitario, frente a  la asunción pasiva de las decisiones de los profesionales y de los órganos de dirección y gestión del sistema sanitario.