Nuestra  dinámica demográfica – fertilidad declinante y mayores contingentes de personas mayores – combinada con mercados de trabajo aún discriminatorios para las mujeres ,  y en ausencia de  priorizacion de politicas de redistribución de los cuidados informales en el seno de las familias-  y entre las familias y las administraciones-, están hipotecando innecesariamente la reforma de los sistemas de pensiones, especialmente para las mujeres jubiladas con escasa o ninguna base de cotización laboral.

En Europa, casi el 10 % de la población de más de 65 años necesita cuidados de larga duración o apoyo continuado. Tan sólo en 15 años, una de cada cuatro mujeres europeas será mayor de 60 años⁴. En España, donde la responsabilidad del cuidado de los ancianos aún recae mayoritariamente en la familia, la proporción de mujeres mayores de 65 años  en  el total de la población casi se duplicó entre  1960 y 1994, con lo que en ese mismo año alcanzó el 9,1% de la población total⁵.

Las administraciones públicas europeas plantean estrategias y  acciones para mejorar la salud y el bienestar de su población de más edad mediante  diversas estrategias de apoyo a las personas discapacitadas, con enfermedades crónicas, o dependientes. Si no se adoptan medidas adecuadas, Europa se enfrentará a  los problemas asociados al importante crecimiento de una población de mujeres mayores, empobrecidas y solas. Del pronostico de esta evolución en España da cuenta  el Delphi  realizado el año pasado por la Fundación Salud, Innovación y Sociedad “Envejecimiento y Dependencia: Futuros Deseables y Futuros Posibles”⁶. Para agravar el problema, sus previsibles menores niveles de ingresos y ahorros, harán al grupo de mujeres ancianas más vulnerable y  dependiente de los servicios sanitarios y sociales públicos⁷.

La ausencia de políticas activas de conciliación de la vida laboral y la familiar resulta especialmente crítica en el proceso de creciente pauperización de una proporción en aumento de   mujeres ancianas. La evolución demográfica –particularmente el equilibrio entre la población activa y la dependiente- está significativamente asociada a la sostenibilidad del gasto social, siendo ésta a su vez influida por la evolución de las normas sociales vigentes que definen las condiciones de acceso al mercado laboral  en razón del género y el sexo.