Un rasgo recurrente de la cultura innovadora de nuestro “sistema de bienestar” consiste en tolerar, e incluso incentivar el discurso del necesario cambio, al tiempo que se desnaturalizan las recomendaciones y se consiente en aplazar cualquier transformación hasta que su eventual realización no surta efectos apreciable. En el ámbito sanitario las peripecias del popular “Informe Abril Martorell” lo convierten en un paradigma del reformismo social español de las últimas décadas.

• Resulta preocupante la compatibilidad existente entre el reconocimiento del descontento de las mujeres con la escasa sensibilidad y respuesta del sistema público a sus problemas específicos de salud, la admisión de que no debería ocurrir y la predicción de su efecto incentivador sobre el deslizamiento de usuarias desde el  sistema publico hacia el aseguramiento y la medicina privados. La mayoría de los panelistas, sin que ningún grupo destaque por encima de los demás, manifiestan una muy limitada confianza en que se altere la capacidad del sistema sanitario para reconocer, prestar atención y  dar legitimidad a las  preferencias, experiencias y juicio  de las usuarias en la toma de decisiones clínicas.
• Los pronósticos relacionados con el proceso de articulación de las necesidades subjetivas en demanda individual de salud y servicios sanitarios exhiben también la  comentada dicotomía entre la afirmación mayoritaria de las  aspiraciones a que la usuaria se convierta en el auténtico centro del sistema sanitario público aumentando su capacidad de participación, de autonomía y de elección informada y la escasa convicción de ocurrencia, mayoritariamente compartida.
• Nada parecido al “derecho de objeción” – negativa a admitir intervenciones sin probada eficacia científica por parte del paciente - va a consagrarse formalmente para  una mayoría de panelistas casi tan considerable como la mayoría que desearía que eso se produjera en las relaciones médico-paciente. Por lo menos en el ámbito de la medicina pública.
• Los profesionales son quienes más se oponen a admitir que la ampliación de la capacidad de decisión de las usuarias se realice a costa de relajar el filtro de la Atención Primaria para acceder directamente a la atención especializada en la salud de la mujer.
• También se constata que son los profesionales sanitarios, en contraste con el resto de los componentes del panel, quienes se muestran menos favorables a que la consideración asistencial específica a los problemas de salud de la mujer vayan más allá de la sexualidad y la reproducción.
• Finalmente, frente a la ausencia de ambigüedad en la expresión unánime de lo deseable que es que las mujeres se incorporen en proporciones crecientes a la cúspide de los órganos de decisión de la política y la gestión sanitarias para la integración de la perspectiva de género, debe considerarse lo que significa que  un treinta por ciento de los consultados den por descontado que eso no va a suceder  y que el resto muestre indeterminación en el pronóstico de ocurrencia.