Las mujeres añaden a las exigencias compartidas con los hombres de cuidados  sanitarios necesidades específicas adicionales a causa no sólo de su biología sino también de los roles determinados por el género. En respuesta a estas últimas, la denominada “medicina reproductiva” constituye un referente crítico en el conflicto entre la medicalización -  la búsqueda de patologías en condiciones y procesos “normales” en el ciclo vital de las mujeres – y la documentada desatención a algunas de estas necesidades.

• El panel ha dado muestras de apreciar las limitaciones de disponer de tecnología e información para controlar la fertilidad sin actuar sobre las desigualdades de género.
• Especial interés reviste la percepción de la asistencia prestada por los servicios sanitarios ante la interrupción voluntaria del embarazo. Además de la vigente limitación normativa de la capacidad de elección de la mujer, la situación actual de este proceso medicalizado se caracteriza por una realización abrumadoramente privada, con un casi absoluto desistimiento de los servicios públicos a la hora de facilitar su prestación. Al respecto el panel mostró a la vez sus aspiraciones de que  la prestación se normalice en la cartera de servicios de los centros públicos y su escepticismo de que eso vaya a producirse de manera apreciable a lo largo de los próximos quince años.
• En este ámbito existen otras actuaciones en las que se aprecian limitaciones sin base científica a la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres como  en la elección del tipo de parto, la opción de recibir anestesia epidural, o la autorización explícita para la práctica de una episiotomía; ejemplos de intervenciones injustificadamente discrecionales por parte de los proveedores sanitarios. Entre las respuestas a estas cuestiones, los partidarios de que la mujer influya decisivamente en ellas expresan – mayoritariamente - reservas acerca de que se alcance una situación más equilibrada en el horizonte temporal propuesto.